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España, Estado del Bienestar, inmigración, Justicia, Libertad
17. Acabar con el efecto llamada: cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente
en España estará incapacitado, de por vida, a legalizar su situación y por lo tanto a
recibir cualquier tipo de ayuda de la administración.
La lectura de esta propuesta puede hacerse desde dos puntos de vista: teniendo en cuenta el principio de justicia y de igualdad ante la Ley; o, por el contrario, prescindiendo de ambas.
Convendrá el lector en que las Leyes se aprueban y entran en vigor con la finalidad de regular los variadísimos aspectos de la vida social. Y convendrá el lector – no intoxicado por buenismos ilógicos ni emponzoñado por el prejuicio ideológico, que en la ordenación de la vida social ha de regir el imperio de la Ley justa, y que la Ley ha de aplicarse a todos por igual, y con justicia, conforme al viejo aserto latino, dar a cada uno lo que le pertenece.
Otro punto de partida lógico del análisis es recordar que el llamado Estado del Bienestar, entendido como un amplio y abigarrado conjunto de medidas de orden económico destinado a paliar las desigualdades que pudiera generar la aplicación mecánica de un régimen de economía de mercado y libertad económica y asegurar un minimum a los ciudadanos, es obra del Estado Nación; concebido para los nacionales.
Al enfrentarnos al fenómeno inmigratorio, por tanto, debemos tener en cuenta que el Estado debe atender, en primer lugar, a los españoles y que la entrada de extranjeros en el territorio nacional, y su permanencia, deberá, claro, realizarse teniendo en cuenta los intereses de los españoles; y en segundo lugar, de los extranjeros que residen ya legalmente en territorio nacional.
Dicho esto, no parece discutible que los españoles no tenemos ningún deber u obligación de atender en todo caso y siempre, cualquiera que sea la situación, a los extranjeros que asaltan nuestras fronteras y entran en el territorio incumpliendo la Ley; y que debemos exigir de nuestras instituciones que sean eficaces en el control de entrada y, adicionalmente, que sean restrictivos en el otorgamiento de ayudas a esos extranjeros ilegales: porque el «dinero» público, en realidad, es el fruto del esfuerzo de los contribuyentes y de los españoles que nos antecedieron; y porque en la distribución del gasto es radicalmente injusto prescindir de esa preferencia lógica y legal: españoles y extranjeros residentes legalmente.
Es irresponsable y contrario al más elemental principio de justicia e igualdad, que cualquier Gobierno – nacional, autonómico o incluso autoridad local – realice actuaciones o declaraciones que induzcan al llamado efecto llamada; esto es, la llegada masiva, incontrolada de extranjeros que – apoyados y con la connivencia de organizaciones bien surtidas de fondos públicos – entran en territorio nacional incumpliendo la Ley, haciendo suyas ayudas e indemnizaciones en detrimento de los nacionales y de los extranjeros que han cumplido la norma, y están legalmente en territorio nacional.
Casos como el del Aquarium u Open Arms no son, en modo alguno, admisibles. Los extranjeros que quieren legítimamente entrar en España deben saber que, o cumplen las normas de acceso y permanencia, o no van a aprovecharse de los beneficios de un amplio sistema de ayudas sociales que los españoles nos hemos dado a nosotros mismos, con el esfuerzo de los que nos precedieron y nuestro propio esfuerzo, y que no van a poder disfrutar, en ningún caso, de un régimen protector que se sujeta al imperio de la Ley.
Se trata, en fin, de incentivar la entrada legal y de desincentivar el asalto de las fronteras, en muchos casos, además, violento.