La polémica Kelsen-Schmitt sobre la Justicia Constitucional

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Carl Schmitt, Clásicos del Pensamiento, Editorial Tecnos, Hans Kelsen, Tribunal Constitucional

Bajo este sugerente título, Editorial Tecnos, en su Colección Clásicos del Pensamiento recoge dos completos y conflictivos ensayos sobre la Justicia constitucional: el primero, El Defensor de la Constitución, obra de Carl Schmitt, y el segundo, ¿quién debe ser el defensor de la Constitución?, obra de Hans Kelsen, uno de los ideólogos de la justicia constitucional concentrada en un único Tribunal Constitucional, modelo que se incorporó a la Constitución Austríaca.

Obra esencial para poder alcanzar una debida comprensión y distinción de lo que es y debe ser el Estado, la Constitución, el Ordenamiento Jurídico, la Nación, la sociedad y el hombre como sujeto político, sin confundir conceptos ni convertir lo jurídico en político y viceversa. Escritos ambos ensayos en momentos de gran confusión jurídica, depresión económica y cambios en la organización política, su lectura, hoy, adquiere un sorprendente sabor a realidad y cotidianiedad.

Kelsen ganó ciertamente esta gran batalla y el positivismo jurídico se impuso en toda Europa; pero graves y contundentes afirmaciones de  Carl Schmitt como la ausencia del carácter jurisdiccional en los conflictos constitucionales o la imposibilidad de ejecución de las resoluciones de un concentrado y especializado Tribunal Constitucional, independiente de los tres poderes clásicos, o el riesgo de convertir a éste en un sujeto constituyente, adquieren, hoy, en España, notas de realismo mágico.

Doy por supuesto que todos los magistrados del Tribunal Constitucional lo han leído para revestirse de ese elemento espiritual que ha de acompañar a toda institucional si quiere alcanzar sus fines y ser fiel a su constitución. Y si no lo han hecho, mi más viva recomendación de su lectura.

 

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Sobre la prima de riesgo: asesinato en primer grado

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Cristo, Jorge Buxadé Villalba, Justicia, prima de riesgo, Unión Europea

Decía don Miguel de Unamuno, si no recuerdo mal en su Agonía del Cristianismo, que Fe no es creer lo que no vimos sino crear lo que no vemos. La frase, feliz, encierra un océano de posibilidades. No da este blog sin embargo para una exégesis completa, y ademas, maestros hay en el asunto, superiores a mí en todo, que puedan dar luz al asunto.

Cuando leí esa agonía, no lo voy a negar, Unamuno se convirtió para mí en escritor de cabecera. Una Fe que se crea a si misma, cada día, es una Fe viva, en tensión, una Fe vivida. Cristo nace todos los días, y todos los días, inmisericordes, lo atamos a un Madero y lo crucificamos.

Luego, tomando una caña al final del día, porfiamos a Cristo clamando por las injusticias que nos rodean, y con toda la pequeñez de alma de que somos capaces, le echamos la culpa a Dios, y como no podemos darle una patada en el culo, aprovechamos el primer pandero católico que tenemos a mano para clavarle un puntapié.

Crear lo que no vemos. Creamos y recreamos a Cristo todos los días. El mismo lo dijo: cuando ayudas al desamparado, cuando alimentas al hambriento, cuando sacias la sed de aquel al que le falta todo, cuando sanas las heridas de otro…, ese Otro soy yo. Una fe vivida en serio. No digo que don Miguel fuera ejemplo de ello. Tampoco lo soy yo, obviamente. Digo solo que mejor una fe en movimiento que una fe estática.

Escribo estas líneas tras leer el Evangelio de hoy. Los labradores apalean sin piedad a cuantos manda el Señor. Incluso, finalmente, y con mas saña si cabe, a su Hijo, enviado aun a sabiendas de que moriría en un Madero.

La mayor injusticia, la matriz, la madre de todas las injusticias.

Y a que viene titular esta entrada con la prima de riesgo, se dirá el lector avispado?

Pues a todo y a nada, como casi siempre. Hemos de ser de nuevo conscientes, como era Europa antes de la eclosión racionalista del XVIII, que en la vida, la personal y la de los pueblos, las decisiones erróneas acarrean consecuencias, muchas veces fatales; y que la mayor parte de los problemas que nos acucian tienen su origen en la injusticia.

La injusticia endémica de un sistema que ni siquiera esconde que a través de los sistemas de representación no busca designar como gobernantes a los mejores, sino a los mas votados. La injusticia de un sistema que ha engordado su masa de adeptos mintiendo hasta lo obsceno sobre los derechos individuales, regalando unos, inventando otros, y en todo caso sin exigir deberes ni responsabilidades. La injusticia de un sistema que ha hecho del dinero y del mercado financiero un gigante con pies de barro, que ha olvidado que los pueblos los construyen los hombres, y que son los hombres los que los destruyen cuando olvidan lo que de veras importa.

La prima de riesgo es solo el brazo ejecutor de un asesino silencioso. Un homicida enfermo de avaricia, lleno de vicios, huérfano de virtudes. La prima de riesgo es el resultado de millones de mentiras que durante muchos años, aquí y allá, se han dicho y repetido. Que si todo va bien, que si estamos saneados, que si tenemos beneficios, que si podremos pagarlo, que si el dinero es eterno e infinito.

Solo extirpando los vicios y empezando a vivir las virtudes, individual y colectivamente, podremos vencer a ese silencioso asesino, que solo cederá ante la Verdad.

Humildad, sinceridad, generosidad, reciedumbre, entrega, sacrificio.

Un abrazo muy fuerte y muy sincero a todos los que ahora agonizan ante el asesino silencioso. Recuerden: crear lo que no vemos.

CONCURSO DE EMPRESAS PÚBLICAS. Responsabilidades de gestores.

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concurso de acreedores, empresas públicas, Jorge Buxadé, Ley Concursal, responsabilidad gestores

Durante los últimos meses dos cuestiones de hondo calado jurídico dominan las inquietudes de la opinión pública y política: por un lado, la falta de liquidez de las Administraciones Públicas para hacer frente a sus compromisos de pago que arrastra inexorablemente al conjunto de organismos, entes y entidades de naturaleza pública y privada que durante los últimos decenios han sido creadas por las Administraciones territoriales en lo que se denominó como huida del derecho administrativo; y por otro lado, la eventual responsabilidad de los políticos que han actuado directa o indirectamente como gestores del conglomerado de organismos, entes y entidades.

Con carácter general, el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas por daños causados a terceros se incardina en los artículos 139 y ss de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre – en términos parecidos a la responsabilidad extracontractual civil de los artículos 1902 y ss del Código Civil común- de modo que por los actos realizados por sus dependientes, funcionarios o personal laboral al servicio de las Administraciones, responderá la Administración, si bien se reconoce la posibilidad de que ésta pueda repetir contra el personal responsable. Ello supone un sinnúmero de dificultades tanto sustantivas como procesales para que los ciudadanos y empresas puedan deducir las citadas responsabilidades contra las personas físicas directamente responsables de los perjuicios sufridos.

Singularmente, dichas dificultades se hallan en la lentitud y complejidad de los procedimientos administrativos y del posterior proceso contencioso administrativo así como en el carácter extracontractual de la citada responsabilidad y la dificultad de hacer sustantivamente responsable al gestor o político por actuaciones que se enmarcan en muchos casos en el ámbito del “acto político de gobierno” y del llamado “deber jurídico de soportar” el daño.

Ello no obstante, la Ley Concursal ofrece un mecanismo singularmente adecuado para deducir dichas responsabilidades y, en su caso, obtener algún tipo de resarcimiento. Dejando de lado las cuestiones relativas al alcance del apartado tercero del artículo 1 de la Ley Concursal, sobre todo del último inciso, no parece debiera haber dudas al respecto de la aplicación íntegra de la Ley Concursal a las llamadas sociedades mercantiles públicas, esto es, aquellás en que la participación directa o indirecta de la Administración territorial es superior al 50% del capital social; singularmente, en el ámbito de la Administración municipal y autonómica, que han hecho uso y abuso de esta creación jurídica para la prestación de servicios públicos, o para la supuesta obtención de ingresos, operando en el mercado en régimen de concurrencia competitiva.

Si bien no se nos escapa que la declaración de concurso y la sujeción al régimen concursal de esta amplísima variedad de sociedades mercantiles de derecho privado presenta una indudable influencia de lo administrativo y que ello puede dar lugar a resoluciones de los Jueces mercantiles no especializados en la materia que tiendan a no admitir los concursos ( se adivina esta posición, por ejemplo, en Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Almería de fecha 22 de junio de 2011, que sin embargo, admite a trámite el concurso de sociedad mixta autonómica), consideramos que no existen razones de peso para impedir la declaración concursal de sociedades mercantiles públicas.

Y dicho esto, no se escapa a nadie las posibilidades que para deducir las responsabilidades de los administradores se plantean en la apertura de la pieza separada de calificación del concurso por las causas del artículo 164 y 165 de la Ley Concursal; dado que la mayoría de estas sociedades municipales y autonómicas han visto integrados sus consejos de administración por los mismos miembros de la Corporación municipal o con la intervención de concejales y consejeros de Gobierno autonómico.

(Artículo publicado en Togas biz)

Suspendido en parte el Reglamento de uso de la lengua catalana del Ayuntamiento de Barcelona

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Alberto Fernández Díaz, lengua catalana, Partido Popular, Reglamento de uso de la lengua catalana del Ayuntamiento de Barcelona, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Mediante Auto de fecha 25 de octubre de 2010, y a instancias del Grupo Municipal del Partido Popular en el ayuntamiento de Barcelona, la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaba de suspender hoy mismo la aplicación de los artículos 3.1, 3.2, 3.4, 5.2, 7 en parte, 12 y 18 del Reglamento de uso de la lengua catalana aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con el voto en contra de PP.

Con el argumento de que “en todos éstos se contienen mandatos concretos y específicos cuyo significado excluyente del castellano es claro y manifiesto, e impiden una interpretacion distinta a la de su significado estrictamente literal. mantener su vigencia comportaría un perjuicio de difícil o imposible reparación, que justifica la suspensión cautelar”, la sala del TSJ en su sección quinta suspende la inmediata aplicación de esa norma injusta y discriminatoria apoyándose asimismo en abundante doctrina judicial recogida por la demanda interpuesta por el Grupo Municipal del PP en Barcelona.

Noticia ésta de la que debemos congratularnos todos los catalanes, porque siquiera parcial y cautelarmente protege nuestros derechos y libertades. Por mi parte debo felicitar a Alberto Fernández Díaz por haber tenido la iniciativa de llevar esta afrenta a los derechos individuales allí donde un Estado de Derecho sano purga sus males, los Tribunales de Justicia.

Noticia igualmente que debemos contribuir a difundir, con generosidad. Hoy ha sido el PP, mañana será C’s o el Foro de la Familia, o Convivencia Cívica, o el Foro de Ermua, o PxC, o l’associació de boletaires de cualquier pueblo de Cataluña. Allí donde esté la libertad auténtica, la justicia y la defensa de España en el Bien Común deberán encontrarnos, dejando al lado partidismos que nos separan y enfrentan artificialmente.

El advenimiento de la tiranía

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Estatuto de Autonomía de Cataluña, Rousseau, Tribunal Constitucional

La primera entrada del Diccionario de la Real Academia Española define al tirano como el que obtiene contra derecho el gobierno de un Estado, especialmente si lo rige sin justicia y a medida de su voluntad. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional en relación a la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Cataluña, entre sus innumerables sofismas afirma en su página 468 que “en el contexto del Estado democrático instaurado por la Constitución, es obvio que, como tenemos reiterado, caben cuantas ideas quieran defenderse sin recurrir a la infracción de los procedimientos instaurados por el Ordenamiento para la formación de la voluntad general expresada en las leyes (por todas, STC 48/2003, de 12 de marzo)”.

 

Con esa lapidaria y terrorífica afirmación el Tribunal Constitucional abre su incomprensible e inasumible argumentación acerca de que la inclusión de los términos nación, realidad nacional o símbolos nacionales en el nuevo Estatuto no tiene valor jurídico-constitucional pero sí debe tener un innegable contenido o valor histórico, político o cultural.

 

Llevo años ya señalando en las aulas que el Estado democrático no es ni puede ser, precisamente, lo que dice ahora el TC que es: la posibilidad de defender cualquier idea, por peregrina, injusta, inmoral, irreflexiva, agresiva con tal que se respete el procedimiento establecido legalmente. Con ello el TC ha alcanzado el grado máximo de positivismo jurídico, que es materialismo y determinismo. La norma queda desprovista de todo valor intrínseco o sustantivo. Las normas para el TC obligan, esto es, son auténtica norma, por tanto, cuando no infrinjan el procedimiento legalmente establecido para su aprobación, con independencia de su contenido. Prueba indiscutible es que la mayor parte de los preceptos declarados inconstitucionales, como denunciaba en anterior entrada, lo son en tanto que incluyen contenidos propios de leyes orgánicas especiales como la LOPJ, pero en modo alguno entra en discutir la entraña de la pretensión de los autores del texto. El TC dicta así una sentencia al margen de la realidad, desconociendo que el Derecho nace para regir conductas humanas, individuales y colectivas.

 

Llama la atención que el Tribunal recurra al concepto de voluntad general, propio de Rousseau. Con ello el TC se alinea con posiciones jurídicas, constitucionales, e ideológicas claras, viejas, feas, pobres. La verdad, la razón, lo bueno, lo bello, lo justo no existen en sí. Sólo existen en cuanto sea declarado por la voluntad general, entendida además ni siquiera como la voluntad de todos, sino como la voluntad de los que acuden al procedimiento.

Así, podrá obviarse la vida del niño en el seno materno, y al anciano doliente y molesto que repite siempre el mismo cuento de su infancia, podrá expropiarse la propiedad, y la libertad, y la vida misma, podrán subirse los impuestos hasta el mismo cielo, y prohibir los actos públicos de culto religioso, podrá ordenarse la retirada vergonzante de nuestros soldados de cualquier país, o sancionar a quien rotule en español en España. Todo da igual al Tribunal Constitucional mientras se cumpla el procedimiento.

 

 

 

 

 

 

Sin Justicia?

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Constitución, Justicia, orden, paz

Sigue en pie, no sin dificultades,  la definición de la Justicia como el dar a cada uno lo que le pertenece. Es claro, así, que la Justicia es obra del amor y de la voluntad, porque es un dar.  La Justicia, además, es en España, conforme al artículo 1 de la Constitución, un valor superior del Ordenamiento Jurídico que sirve o debería servir, en consecuencia, para informar u ordenar la total actividad de los poderes públicos en el ámbito político, económico, cultural y social.

La Justicia, además, aparece como una exigencia moral que se impone a todos los individuos sin excepción. Al padre, al maestro, al empresario, al artesano, al hijo, al trabajador. Pero la Justicia, en primer lugar, para con nosotros mismos, y luego para con los demás. Un sistema educativo que premia al holgazán, un sistema electoral que recompensa al mentiroso, un sistema judicial que promueve al deseal, en fin, un orden social que galardona al chabacano, al cobarde, o al traidor no es justo. Y es legítima nuestra queja, nuestra amargura, y finalmente, nuestra reacción.

No hay que temer ser tachado de no se sabe qué por decir que tal o cual situación no son justas. Consecuencia de la justicia es el orden, y del orden, la paz. Sin justicia no hay paz.

No es justo que mientras la inmensa mayoría de las familias españolas se afanan por salir adelante reduciendo gastos, multiplicando esfuerzos, aunando energías, políticos, empresarios, banqueros, sindicalistas de alto copete repartan nuestro dinero para pagar bonus, subvencionar fundaciones dependientes, o para financiar delirantes proyectos de ingeniería social y lingüística. La crisis ha servido y sirve y por desgracia servirá para – paradoja – quitar a muchos la venda o velo de sus ojos y ver con claridad.

Con nuestro dinero, no! Ahora en Cataluña, mañana en otros lugares, los políticos tocarán a nuestras puertas, entrarán en nuestras casas para mendigarnos el voto. Recordémosles entonces qué han hecho por la Justicia, por el orden, por la paz.

A propósito del Estatut…hace ya unos años

http://www.youtube.com/watch?v=sLJEsnJ1wy4

Desde aquí mi agradecimiento  a Alejo Vidal Quadras por la invitación a hablar del que entonces era un mero proyecto de Estatuto, mi respeto a José Luis Requero y mi abrazo caluroso y emocionado a Santiago Gotor, amigo sincero y ejemplo a imitar en tantos aspectos de la vida!