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España, euroorden, fugados, Jorge Buxadé Villalba, Parlamento Europeo, Puigdemont, Schengen, Unión Europea, Vox
33. Suspender espacio Schengen hasta que exista la garantía europea de que no
lo utilizarán los criminales para huir de la justicia (como han hecho los golpistas
separatistas) ni lo aprovechen las mafias de la inmigración ilegal para introducir
personas.
El Acuerdo de Schengen es un Convenio Internacional por el que varios países de Europa suprimieron los controles en las fronteras interiores (entre esos países) y trasladaron esos controles a las fronteras exteriores (con terceros países ajenos al convenio). El acuerdo, firmado en la ciudad luxemburguesa de Schengen en 1985 y en vigor desde 1995, establece un espacio común -denominado espacio Schengen- que comprende una gran parte del continente europeo. Dicha medida, que fue esencial en el proceso de integración de los Estados europeos, exige al menos dos presupuestos:
1º. Que todos los países participantes apliquen normas comunes para controlar las fronteras exteriores; pero también en materia de visados y sobre todo de cooperación entre los servicios policiales y judiciales en el ámbito penal.
2º. Que todos los países participantes respeten las decisiones de los Estados que forman parte del espacio Schengen.
En la actualidad conforman este espacio Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza.
Pues bien, exactamente del mismo modo que si una persona no cumple sus compromisos contractuales con otra u otras, e incumple las normas que se han dado para organizar una asociación, o negocio, la parte cumplidora tiene el derecho y el deber de denunciar el incumplimiento y queda liberada de cumplir sus compromisos, España tiene todo el derecho y el deber de exigir del resto de Estados parte el cumplimiento de sus obligaciones; y si no lo hacen, expresando públicamente su menoscabo de la dignidad de España como Nación, España, tiene el derecho y el deber de denunciar el incumplimiento y, si necesario fuere, incluso, desvincularse del Acuerdo recuperando el íntegro control de sus fronteras interiores.
El principal deber del Estado, que justifica la atribución al mismo del uso legítimo de la fuerza, es proteger la unidad, seguridad, libertad y soberanía de la comunidad nacional, es decir, de los españoles y sus instituciones.
Es por ello que nuestra participación activa y entusiasta en el proceso de integración europeo debe sustentarse en la exigencia al resto de Estado e instituciones comunitarias el respeto exquisito y no excepcionado de las decisiones jurisdiccionales de nuestros Tribunales. Hemos de proclamar ya, desde este mismo instante, que no somos euroescépticos sino euroexigentes. España no puede ser un país adocenado y sometido al dictado de las instituciones comunitarias o al capricho de las decisiones de otros Estados sino que ha de ser una Nación activa en la defensa de la integración, que pasa por encima de todo, por la defensa de su propio Ordenamiento Jurídico y de las decisiones de sus tribunales. Sin respeto a la Nación española, no puede haber Europa.
El caso paradigmático ha sido el comportamiento de determinados órganos judiciales belgas y alemanes frente a las decisiones adoptadas por nuestro Tribunal Supremo y la tramitación de la orden europea de detención y entrega respecto del golpista fugado Carles Puigemont; que no ha recibido de los anteriores gobiernos españoles más que quejas de plañidera. Conviene advertir aquí que es una improcedente interpretación del principio de la distinción de poderes en un Estado, la actuación de un Ejecutivo que deja en la picota al máximo órgano de nuestro Poder Judicial. Los Poderes del Estado, en materia de acción exterior, deben cooperar y colaborar conjunta y coordinamente porque hacia fuera no son poderes del Estado, sino España misma.
La fuga de los golpistas puso de manifiesto quiebras en el sistema Schengen y, sobre todo, nos ha demostrado la ineficacia del sistema de la orden europea de detención y entrega; pues sólo produce un efecto real e inmediato respecto de una lista, mínima, de 32 delitos. Es inadmisible que en el resto de delitos los Estados extranjeros puedan ejercer un control sobre las decisiones de los tribunales españoles, demostrando con ello un desprecio a nuestras instituciones. Tal situación debe revertirse de modo inmediato. A Puigdemont y resto de golpistas fugados se les persigue por la comisión de gravísimos delitos contra el orden constitucional y democrático; sin que aceptemos de ningún modo la injerencia de otros estados en la actividad de nuestros tribunales.
Por ello, es imperativo que en el nuevo Parlamento Europeo los eurodiputados españoles pongan freno a cualquier medida dirigida a una “mayor integración” en tanto no se resuelva el problema de la euroorden – ampliando la lista de delitos con entrega inmediata – pues esa “mayor integración” ampulosa y meramente argumental no es sino un engaño consciente.
Y del mismo modo es imperativo que el nuevo Gobierno de la Nación represente a los millones de españoles que ven horrorizados como el fugado y golpista Puigdemont pasea tranquilamente por las calles de las capitales europeas insultando a España bajo el amparo de una normativa internacional que debemos rechazar y suspender en su aplicación si las necesarias y alternativas medidas de presión que puedan ejercerse, no surten efecto.