70. Derogación ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo
de otro. En su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por
igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. Supresión de organismos feministas
radicales subvencionados, persecución efectiva de denuncias falsas. Protección del
menor en los procesos de divorcio.
Dedico esta entrada a Don Ángel Salazar; defensor del régimen de Custodia Compartida, agredido salvajemente el pasado 30 de marzo, en Barcelona, por la turbamulta separatista y de extrema izquierda, por el mero hecho de acudir al acto de Vox en la Ciudad Condal, y defender, en fin, las legítimas aspiraciones de los padres en los procesos de divorcio, en interés superior del menor. Y por extensión, claro a los integrantes del equipo de Vox Tarrasa, igualmente agredidos de forma salvaje por los miembros de esas asociaciones violentas que quieren imponer el terror en Cataluña, azuzados por la alcaldesa de Barcelona y los políticos socialistas y separatistas, y por todos aquellos que directa o indirectamente pretenden imponer una “soga antidemocrática” a los afiliados y simpatizantes de la España Viva.
Es ésta una de las 100 medidas que ha tenido un mayor impacto en los medios, pues obviamente va dirigida a acabar con el expolio de las arcas públicas que los lobbies feminista y homosexualista han perpetrado en España en los últimos años, muy especialmente desde la aprobación en 2004 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y en 2007 de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, y a liberar a nuestros jóvenes en escuelas y universidades de una doctrina que emponzoña su espíritu. La opinión publicada se ha lanzado con una virulencia no conocida hasta ahora contra esta propuesta que, por lo demás, es razonable, ajustada a Derecho, y sustentada en los más elementales principios de una democracia moderna: la igualdad de todos ante la Ley. 
Repitámoslo hasta la saciedad. El artículo 14 de la Constitución establece: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. La igualdad ante la Ley está garantizada y es el pórtico de nuestra libertad individual, como se ha dicho ya.
Las dos leyes citadas anteriormente – hay muchas otras, pues además, el modelo se ha replicado y agravado en las Comunidades Autónomas, con independencia de que la mayoría fuera socialista o socialdemócrata-popular – son el paradigma de cómo bajo la excusa de la igualdad puede perpetrarse un crimen político a ese principio esencial: la igualdad de los españoles ante la Ley. Son una falacia en sí misma. Adornadas de una verborrea buenista y reiterativa, bajo el concepto “igualdad efectiva” se esconden leyes radical y esencialmente injustas y discriminatorias; la expresión legal de un pensamiento perverso: la ideología de género.
Preciso es derogarlas. Cuestión de supervivencia moral de una comunidad nacional. Moral en el sentido de “estado de ánimo” y moral en el sentido de “distinción entre lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo”.
La ideología de género parte de un presupuesto falso: el varón ejerce una dominación ancestral y secular, consciente y deliberada, sobre la mujer, con el único objetivo de someterla, cuya máxima expresión es la violencia física y psicológica. La mujer, para liberarse, debe imponer sobre el varón su peculiar “dictadura feminista” y, en paralelo, debe arrinconarse el concepto de “sexo” y ser superado por el de “género”. El primero, según esa misma ideología, es un mecanismo de dominación; el segundo, uno de liberación. El primero es biológico y objetivo; el segundo, cultural y subjetivo. No resulta difícil ver en esta ideología un remedo post-moderno de la ideología marxista y su superada tesis de la lucha de clases. Una expresión más de la doctrina del resentimiento social.
Como toda ideología se desmonta abriendo la ventana y viendo a dos ancianos, tras decenas de años juntos, cogidos de la mano, paseando; o a dos jóvenes enamorados, a las puertas de un cine, o yendo a cualquier parque de cualquier ciudad y disfrutando de la imagen maravillosa de los niños jugando en perfecta libertad e igualdad.
Quienes defienden la ideología de género, consciente o inconscientemente, son instrumentos de una doctrina maligna, que busca el enfrentamiento entre hombres y mujeres. Para ello, se han servido de varios instrumentos: el primero, el Boletín Oficial del Estado, para perpetrar desde los parlamentos el mayor ataque a la igualdad entre españoles que ha conocido la democracia moderna; el segundo, el Presupuesto General del Estado, para conseguir – bajo el velo del buenismo – ingentes cantidades de fondos públicos que riegan los centenares, miles, de asociaciones y organizaciones feministas que les permiten difundir sus mensajes falaces; el tercero, el Sistema Educativo, con la finalidad de intoxicar a los niños y jóvenes españoles con una doctrina falaz, fuertemente antidemocrática y radicalmente antihumana; enseñándoles a odiar a la mitad de la población.
Rechazamos tales afirmaciones y proponemos, así, la derogación de leyes injustas y, por lo demás, ineficaces para los supuestos objetivos perseguidos.
El objetivo es claro: derogar cuanto en esas leyes hay de contrario al principio de igualdad entre hombre y mujer, ante la Ley: derogar la inversión de la carga de la prueba en todo tipo de procesos, salvo los penales, que recoge el art. 13 de la Ley Orgánica 3/2007 y que atenta contra un principio clásico y esencial del Derecho: a cada parte le corresponde probar la certeza de los hechos que invoca en apoyo de su pretensión; derogar la diferencia de penas – tanto en el tipo como en la cuantía – que se recogen en los artículos 33 a 42 de la LO 1/2004 en virtud de las cuales si el mismo delito es cometido por un hombre es castigado con mayor dureza que si lo comete una mujer; así como acabar con los llamados Juzgados de Violencia contra la Mujer y toda la estructura penal, procesal, y administrativa que han generado y que permiten una insidiosa instrumentación de la actuación penal en procesos civiles de divorcio, por ejemplo, criminalizando injusta y deliberadamente al varón frente a la mujer, sin atender a la verdad d
e los hechos ni al interés superior del menor.
Una sombra odiosa ha caído sobre nuestra sociedad impulsada por el feminismo radical: la acusación de que todos los hombres somos culpables, por el mero hecho de ser hombres.
La violencia – no nos hemos cansado de repetirlo ni cejaremos en ello – no tiene apellidos, ni sexo; ni mucho menos género. La violencia es violencia; y como tal ha de ser perseguida con dureza y determinación por los poderes públicos; especialmente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hace un año pude asistir como ponente a un Curso sobre Violencia de Género organizado por la UNED en Calatayud y allí constaté científicamente dos hechos: las líderes de las asociaciones feministas se mueven por un odio radical al varón; y los miembros de las FCSE, masivamente, han advertido que las leyes actuales ni son correctas, ni son adecuadas, ni sirven a la persecución del delito, sino a la criminalización del hombre. 
Contra la violencia, tolerancia cero; venga de donde venga. Y por eso, apoyaremos un endurecimiento de las penas para los delitos cometidos en un ámbito tan íntimo, quasi sagrado, como es el hogar familiar. Pero con sujeción a Derecho y respetando los derechos individuales de todos. Los actos de violencia doméstica crecen a pesar de las ingentes cantidades de dinero dedicadas supuestamente a prevenir y de las leyes injustas. ¿Por qué? Muy fácil: ¡cómo una doctrina que llama a la violencia y al enfrentamiento puede ser instrumento de convivencia y paz social?! Nunca. En sí, es perniciosa.
Y en lugar de las injustas leyes de género, se hace preciso una Ley de Violencia Intrafamiliar que proteja y ampare el principio de autoridad de padres y abuelos, y proteja especialmente a los niños, y no deje a ninguna persona o grupo sin el debido amparo; con independencia del sexo. Y en lugar de subsidiar feminismo, debemos ayudar a las mujeres, y a los niños, y a los abuelos, y a los varones que sufran cualquier tipo de daño o desamparo por injusticias cometidas en la domus.
Para ello, hay que atajar los tres instrumentos de que se ha servido el lobbismo feminista radical: el BOE, derogando las leyes injustas y sustituyéndolas de inmediato por leyes protectoras para todos; los PGE, eliminando las subvenciones a organizaciones feministas radicales pues sus fines y sus métodos no son para nada dignos de protección; y finalmente, la escuela y la universidad, devolviendo a alumnos, padres y profesores la libertad que la ideología de género les ha robado.
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Es imposible relatar, para mí, en una breve referencia todo lo que esconde este libro. A modo de entrevista realizada por Nicolas Diat, su leal transcriptor, el Cardenal Sarah repasa, en breves píldoras pero de una profundidad insondable, todos los asuntos que atienen a la iglesia, con especial interés en la vida de los sacerdotes; a la civilización cristiana, al ser humano.
Por eso, frente a quienes han impuesto con la coacción del destierro o muerte civil la llamada perspectiva de género, creo que lo que ha de incorporarse en toda acción legislativa y administrativa es la perspectiva de familia; esto es, analizar qué efectos producirán para las familias, positivos o negativos, jurídicos o económicos, las normas, legales o reglamentarias, los contratos públicos, los planes de formación, los sistemas de ayudas, en fin, la total actividad administrativa.
En los últimos años, España ha sido barrida por un resentimiento igualitario que arrasa con el principio de autoridad. El igualitarismo – antihumano y antisocial – de la izquierda y la socialdemocracia (aceptados por el centro-reformista en perfecta sumisión) se opone al principio de autoridad. El igualitarismo desconoce que hay hombres y mujeres más virtuosos que otros, más preparados, más valientes, más capaces para una u otra función social; y busca hacernos a todos rematadamente iguales, rematadamente tontos. El igualitarismo se opone a una comunidad nacional sana pues persigue que la autoridad no se dé a los más capaces, sino todo lo contrario.
Dos acciones muy concretas se plantean en este asunto: por un lado, exigir de los imanes y líderes religiosos islámicos en España una colaboración constante, continuada y leal en la detección y persecución de radicales islámicos; por otro lado, la exclusión del Islam en la enseñanza pública.
Objetivo: el hombre, privado de esa trascendental dignidad, es un títere en manos de cualquiera que quiera aprovecharse de él: poderes económicos, políticos, culturales. El hombre, privado de ese otrora denominado valor eterno, es uno más: un contribuyente, un votante, un borrego amansado, un dato estadístico susceptible de “ser cocinado” por la Administración, los partidos, los grupos de presión o las grandes medios de masas.