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47. Liberalizar el suelo. Convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados. El mercado del suelo es especialmente rígido su regulación provoca una escasez artificial que eleva su precio.
Con toda seguridad esta propuesta es una de las más complejas y atrevidas de las incluidas en las 100 Medidas. Compleja por cuanto requerirá un alto nivel de precisión técnica y por ello la intervención de acreditados profesionales independientes y de las mejores cabezas de nuestra función pública que actúen bajo el prisma del interés general de España, y no de ningún apriorismo o prejuicio ideológico. Atrevida porque supondría dar un giro brusco a la normativa urbanística planificadora que impera en España desde, al menos, la Ley del Suelo de 1956.
Una breve introducción aclaratoria: cualquiera que sea titular de un terreno – adquirido por herencia o por cualquier otro título jurídico – sabe que en España el suelo es un bien intervenido y estatalizado, sujeto a la planificación pública.
El valor del suelo está determinado por Comunidades Autónomas y Ayuntamientos porque en este demencial sistema autonómico de dispersión normativa – consagrado por una doctrina del TC radicalmente contraria al interés general de España y al interés particular de los españoles que perpetuó el desastre – son las leyes urbanísticas y los planes urbanísticos (normas reglamentarias) las que determinan qué suelo es urbanizable, cuál no lo es, los plazos y demás condiciones. Todo regulado para el interés de municipios y Comunidades Autónomas, en perjuicio de los españoles.
El propio Tribunal Supremo ha llamado a este sistema la «lotería del planeamiento». Si tienes la suerte de que el Ayuntamiento califique tu suelo como apto para ser urbanizado, el bien de tu propiedad está en el mercado y con un precio de partida dado por la propia Administración, que lo clasifica, califica y da un aprovechamiento determinado. Si no tienes esa suerte, y tu suelo es calificado como no urbanizable – caprichosamente como si fuera una lotería -, tu suelo no vale urbanísticamente nada.
El suelo, por tanto, está al margen de las reglas de la economía de mercado. Demasiados años llevamos ya bajo la égida de esta planificación jerarquizada. Conviene poner coto.
Es inaceptable que el suelo – sobre el que se construyen viviendas, y naves industriales, y edificios de oficinas, o despachos -, en su totalidad, quede al albur de la decisión caprichosa de la Administración. Y más si encima ese capricho es el de 17 Comunidades Autónomas y miles de municipios.
Cualquier persona entiende que si hay poco suelo en el mercado, su precio se encarece, y luego el promotor traslada ese mayor precio al comprador final: familias, y empresas.
Cualquier español sabe que la vivienda constituye el principal gasto de las familias; y que en ocasiones el precio es tan alto que impide – literalmente – que los jóvenes puedan emanciparse efectivamente, iniciar proyectos vitales, y fundamentalmente acometer con ímpetu e ilusión la maravillosa aventura de tener hijos y formar una familia. No es admisible. Se mire como se mire.
Con toda seguridad la rebaja sustancial del precio de la vivienda será el principal acicate y medida de promoción de la natalidad en España. Más incluso que las rebajas impositivas propuestas.
Lo mismo podrá decirse del coste de establecimiento o de inversión para crecer para las empresas.
Y ello ha de pasar, necesariamente, por garantizar la igualdad esencial de todos los españoles, también en lo relativo, a sus derechos sobre la propiedad inmobiliaria, liberalizando el suelo, y considerando apto para ser urbanizado todo aquel suelo que, efectivamente, no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados.
¡Por supuesto que hay que proteger el paisaje nacional! ¡Por supuesto que hay que preservar los parques nacionales, naturales y demás espacios naturales protegidos! ¡Por supuesto que hay que proteger nuestra flora y nuestra fauna! Y defender nuestras cuencas hidrográficas y preservar la riqueza artística y cultural de España.
Pero el elemento ambiental no puede ser la excusa – como viene sucediendo – para que municipios y Comunidades Autónomas establezcan prohibiciones y calificaciones caprichosas y arbitrarias que sólo perjudican a las familias y empresas, contribuyendo a hinchar burbujas inmobiliarias que luego explotan produciendo graves quebrantos a la vida de los españoles y al progreso económico de la Nación.
Todas las medidas son un reto intelectual a las mentes anquilosadas, pero ésta lo es mucho más. Modificar el marco normativo del Derecho Urbanístico. Vamos a por ello.