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7. Intensidad y determinación en las acciones diplomáticas para la devolución de Gibraltar, y el desmantelamiento de las redes de piratería, narcotráfico, contrabando y blanqueo de capitales que se extienden desde la colonia.

Por el Tratado de Utrecht, y resultado de la correspondiente contienda, en 1713, la Corona de España se vio obligada a ceder Menorca y la ciudad y castillo de Gibraltar. La primera fue recuperada; la segunda no. Conviene advertir que Gibraltar es una colonia que figura en el listado de las Naciones Unidas de “territorios no autónomos pendientes de descolonización”.

Indiscutiblemente, la presencia británica en Gibraltar atenta contra la unidad nacional y la integridad territorial de España; y es incompatible con la Resolución 1514 (XV) 1960, sobre descolonización; donde la ONU entiende que debe procederse a la restitución de la integridad territorial española; recomendando obviamente negociaciones bilaterales entre España y el Reino Unido.

También debe tenerse en cuenta que en el Tratado sólo se cedían “la ciudad y el castillo de Gibraltar junto con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen” de forma que el Istmo (como las aguas adyacentes o el espacio aéreo suprayacente) no fue cedido por España, quedando siempre bajo soberanía española; de modo que nos hallamos ante una ocupación ilegal de territorio español.

tratadodeutrechtEs imperativo recuperar de forma intensa y directa las acciones negociadoras y diplomáticas con Reino Unido para la devolución inmediata, sin contraprestación alguna, de la parte del territorio nacional ocupada ilegalmente y para fijar de modo definitivo las condiciones de devolución de la totalidad de Gibraltar a soberanía española. España debe poner sus mejores esfuerzos en resolver esta cuestión ejerciendo la presión que sea precisa y con los medios que el Ordenamiento interno e internacional le atribuyen, bien en continuidad negociadora con las anteriores Declaración de Lisboa de 1980, y Declaración de Bruselas de 1984; bien reabriendo un marco negociador novedoso; sobre todo ante el hecho capital de que el Reino Unido ha decidido salir de la Unión Europea, y España forma parte, situación precisamente inversa a la existente antes de 1986.

No debe admitirse la intromisión de ningún otro sujeto en la negociación:  el gobierno de España, sin intervención de entidades locales ni autonómicas, y el gobierno del Reino Unido. A nadie más reconocemos capacidad negociadora.

A tal fin, y en orden a obtener la mejor posición negociadora, no parece razonable renunciar a importantes instrumentos de presión que, en el marco del derecho aplicable, competan a España.

Y por último, en modo alguno es admisible, que mientras se implemente un proceso negociador, y aún antes, los gobiernos de España toleren que la colonia británica se haya convertido en un nido de piratas, traficantes, evasores fiscales, y en general, una base de y para la delincuencia internacional. En este punto, se requiere una acción enérgica, concertada para la defensa de la dignidad y soberanía nacionales y en defensa, asimismo, de la legalidad nacional, comunitaria e internacional; a cuyo fin el Gobierno de España ha de saber emplear, repetimos, todos los medios e instrumentos que sean precisos para obtener la única solución admisible: la devolución del total territorio de la colonia a la soberanía española.

Es urgente así que la España Viva llegue al Parlamento Europeo y ponga encima de la mesa una cuestión de orden político, nacional e internacional, de hondo calado, donde la España Viva sea, una vez más, la voz del cumplimiento amoroso pero estricto de la norma y de la dignidad de España.