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El Estado Autonómico nacido de la Constitución de 1978 se halla en plena descomposición. No puedo, en una entrada de blog, que necesariamente ha de ser breve, exponer ampliamente las pruebas y razonamientos que me llevan a tal conclusión. Basta, no obstante, ver cómo la opinión pública española – como casi siempre, distinta de la opinión publicada y dictada por terceros- se arremolina alrededor de asociaciones, grupos, sindicatos y partidos políticos que promueven su progresiva reducción, o incluso supresión. Basta ver la polémica de esta última semana: los poderes autónomos se coaligan con las organizaciones sindicales (sic) de taxistas, contra la regulación estatal, los antecedentes judiciales y la libertad de empresa y establecimiento. La solución que ofrecen los viejos partidos: ceder competencia legislativa en la materia a las autonomías. ¿No querías sopa? ¡Pues dos tazas!

En mi opinión, el futuro de España pasa por no más de cinco grandes medidas: una de ellas, sin duda, la supresión del Estado Autonómico que amenaza, en su no disimulada desafección con la unidad de España, acabar con la Monarquía y el orden social.

Expondré ahora sucintamente mi tesis: suprimir el Estado Autonómico no significa destruir los edificios y consejerías o cesar de un día para otro a cientos de miles de españoles que trabajan para las estructuras administrativas regionales ni configurar un Estado unitario y jacobino; algo tan alejado de la Constitución histórica de España – en el sentido schmittiano – como la pretensión federal.

Suprimir el Estado Autonómico pasa, sencillamente, por modificar el texto constitucional y privar a las Comunidades Autónomas de la potestad legislativa. Así de sencillo y así de difícil pues ello – salvo marasmo social – pasa por tener una mayoría muy suficiente en las Cortes Generales.

Ello supondría, de un plumazo, y sin coste social ninguno, suprimir el Estado Autonómico. Este modelo de organización territorial del poder, que se constituyó como un tertium genus entre el Estado federal y el Estado unitario, sobrepasando el modelo de un Estado regional, se caracteriza por la atribución a las Comunidades Autónomas de poder legislativo mediante la creación ex novo de parlamentos regionales con amplia capacidad normativa y la atribución a las Comunidades Autónomas de poder o potestad reglamentaria y ejecutiva mediante la conformación de gobiernos autonómicos con amplia capacidad normativa y de ejecución; todo ello partiendo de que la soberanía nacional era unitaria y se representaba a través de los poderes del Estado. Todo un juego de malabares que ha resultado siniestro. El único poder clásico que no se descentralizó es el Poder Judicial.

Pueden ahora los lectores comprender cómo ni el Legislativo ni el Ejecutivo nacionales han actuado con eficacia, resolución, jerarquía, prontitud en relación al órdago planteado por el Legislativo y el Ejecutivo autonómicos catalanes en su mantenido en el tiempo golpe de Estado, y cómo ha sido el Poder Judicial, con jueces y magistrados independientes al servicio de la Ley los que han representado más fielmente la voluntad de los españoles. Blanco y en botella. El reino de Perogrullo.

Si a las Comunidades Autónomas se les priva, de un plumazo, de la potestad legislativa habremos dado un hermoso, sencillo y respetuoso entierro a una experiencia constitucional espantosa: dispersión legislativa que atenta contra un principio fundamental de todo ordenamiento jurídico moderno: la coherencia normativa, hiperregulación contraria a la libertad de españoles y empresas, legislación en contra de la Nación y de los derechos e igualdad entre españoles, cuando no “odio normativo” y siempre gasto público desmesurado.

Habrá en ese momento nacido otra estructura de poder: un único Poder soberano que ostenta la potestad legislativa y la judicial y un gobierno central y diecisiete gobiernos regionales autónomos que ejecutarán, de acuerdo con su competencia – que determinará la ley estatal – la normativa comunitaria europea y la legislación estatal. Que le ponga nombre el que quiera.

Ninguna agresión produce ello a la singularidad regional de España ni al denominado autogobierno – pues el gobierno regional seguirá ostentando la potestad reglamentaria y ejecutiva-, pero sólo pensarlo le produce a uno una sensación de bienestar y de libertad; es respetuoso con el pasado de España, con su presente, y garantiza un futuro. Vale la pena dar la batalla.

Ahora la acusación del contrario es facilona y obscena. Mañana serán muchos más los que piensen como nosotros y el contrario se revolverá de modo violento. Pasado mañana una mayoría abrumadora de españoles clamará contra la opresión de las autonomías.

Vivimos ya en la tesitura: o España o el Estado de las Autonomías. Les propongo un juego mental: piensen en qué aspecto de su vida personal o familiar, íntima o profesional la autonomía les ha ayudado a ser más libres, a sentirse más españoles y a procurar un orden social más justo.

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