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A propósito de un “meme” que ha corrido por redes sociales en el día de hoy, parodiando lo que algunos desearían fuese el nuevo redactado del artículo uno del Código Civil, y extraordinariamente preocupado por el cariz que están tomando los acontecimientos, me veo obligado, moral y jurídicamente, a escribir estas líneas no tanto en defensa de la labor que están desarrollando en España Jueces, Magistrados, Fiscales, y en lo que le pertoca por ostentar legitimación, la Abogacía del Estado – que también -, sino en encendida y numantina defensa del Poder Judicial y el primado de la Ley frente al griterío de la masa enfurecida.

Durante los últimos años ya se venía advirtiendo con cada vez mayor agudeza (véase, la polémica de los procedimientos judiciales de desahucio por impago de rentas o ejecuciones hipotecarias por impago de los préstamos bancarios) una feroz campaña contra el Poder Judicial, y la labor de la Magistratura; que se ha visto agudizada y llevada a su máxima expresión, en los dos últimos meses, a propósito de la llamada “violencia de género” o los delitos de sedición y rebelión, y ahora del llamado caso “La Manada”. Como casi siempre, campañas orquestadas y bien organizadas que se camuflan en eso que hemos venido a llamar “buenismo” y que no es sino impostura, mentira, hipocresía, engaño.

El ataque ad hominem a Jueces y Magistrados, a sus sentencias y demás resoluciones, por parte de políticos, “tuiteros” y periodistas sin formación jurídica, forma parte de una acción conjunta y coordinada con otros “líderes” de opinión social que no busca sino socavar la Primacía de la Ley y el Principio de la División de Poderes, dos de los pilares claves de un Estado Democrático de Derecho. No es ésta escaramuza sin importancia sino batalla central del gran conflicto social en que nos hallamos.

El proceso sociológico es claro: se encuentra un “caso” que conviene, se le da relevancia social en los medios (obviando otros de, al menos igual gravedad, o superior, como la brutal agresión a los guardias civiles – y sus novias – de Alsasua u otras presuntas agresiones sexuales colectivas para ocultar la identidad de los presuntos autores), se calienta el caso, se intoxica informativamente, se prepara al “pueblo” haciéndole creer que tiene información y conocimiento, y se dicta en la televisión una especie de sentencia popular en la que el “pueblo” es fiscal, testigo y juez. Luego, es fácil, se confronta la decisión profesional e imparcial del Juez o Magistrado, obtenida en un proceso con todas las garantías, con esa “verdad” popular y se azuzan dos ideas en paralelo: la Ley no sirve para resolver los problemas sociales, no tal o cual precepto sino la Ley en general, como concepto; y los que aplican la Ley carecen de sensibilidad jurídica pues no han juzgado como lo ha hecho el pueblo.

Ingeniería social en grado superlativo.

Algunos hay – muchos aún – que creen en las buenas intenciones de los que intervienen en esta gigantesca obra de manipulación social. Y lo cierto es que siempre hay quienes llevados de buena fe y llenos de ignorancia, caen en la trampa y colaboran en la difusión de esta estrategia. Pero forzoso es que otros levantemos la voz contra la impostura, la falacia y el riesgo que como sociedad, y como Nación, corremos con ello.

¿Quién está detrás de ello? Sin duda, una ideología que busca y persigue el caos, pues tiene en el bolsillo la receta “totalizante” que nos saque del caos. Ya lo hemos visto en otras ocasiones y en muchos lugares del mundo, además de España: primer paso, unos cuantos inventan, crean, provocan el caos; segundo paso, se echa la culpa del caos al sistema establecido; tercer paso, los que han creado el caos, ofrecen a ese “pueblo” narcotizado la receta mágica y utópica contra el caos, que ordinariamente consiste en pedirle al pueblo su libertad y su dignidad como personas y como nación libre, a cambio de la tranquilidad de no vivir en el caos. Vamos, un proceso de coacción colectiva, de libro.

Roger Scruton en su libro “Pensadores de la Nueva Izquierda” demuestra con innumerables citas de autores europeos y americanos que ello no es sino un elemento constante, reiterado, esencial, de las doctrinas de izquierdas. Así, el admirado por muchos Foucault, ya decía “la revolución sólo puede tener lugar mediante la supresión radical del aparato judicial”. También Lukács en Hungría decía “así pues, la reducción de la cuestión de la legalidad o ilegalidad para el partido comunista es cuestión meramente táctica”. Son sólo dos ejemplos entre cientos. Todo empezó con los Tribunales Revolucionarios del Terror en la Revolución Francesa donde juez, fiscal y testigo eran el mismo sujeto, y luego igual en la Escuela de Derecho Soviética y sus juicios en el Gulag respecto de los que Solzhenitsyn ya nos ilustró contando su Archipiélago, aunque la mayoría compraron el libro y lo tienen en su salón, porque da esplendor.

El ataque feroz al Principio de Legalidad y al Poder Judicial forman parte de una táctica revolucionaria dentro de una estrategia global cual es socavar al Estado, disgregar la comunidad, y alcanzar el Poder, legal o ilegalmente, pues ya hemos visto que lo de cumplir o no la norma es cuestión de mera táctica. Ciego el que no lo vea.

No es cuestión de grupos bienintencionados. Ni de opiniones pasajeras respecto de un caso aislado o de dos. Es una forma moderna de subversión del orden social.

¿Y por qué ahora y con tanta fiereza? En mi opinión, la respuesta es clara. Famosa es la frase de Spengler, tantas veces citada, sobre que a última hora, siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado a la Civilización. Los tiempos han cambiado. Y en los últimos hemos podido advertir cómo – en esta última hora – han sido Fiscales, Jueces, Magistrados, con la inestimable colaboración de la Abogacía del Estado y de juristas empeñados en la búsqueda de la Justicia (Vox) los que han salvado el orden constitucional, que es hoy por hoy, el Orden mismo.

El magistrado del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona, la Magistrada Lamela, el Magistrado Llarena y tantos otros órganos judiciales que se mantienen en el anonimato, con la intervención de la Fiscalía y las acusaciones populares (Vox) y particulares (Abogacía del Estado) han sido y aún son hoy baluarte esencial de la defensa de esta Ciudad que llamamos Estado Democrático de Derecho. El Principio de Legalidad y un Poder Judicial profesional e independiente son las Dos Torres principales de defensa.

Los enemigos del orden social y constitucional se han aliado y confluido en una misma estrategia: socavar el prestigio de la Ley como norma de conducta obligatoria que salvaguarda la convivencia y la libertad; y socavar el prestigio profesional de Jueces y Magistrados. Si decimos que tal o cual artículo del Código Penal son anticuados o no responden a una sensibilidad jurídica mayoritaria, y conseguimos convencer al pueblo español de ello; si atacamos el prestigio o la probidad profesional o personal de tal o cual Juez, y ello cala en el magma social; mañana nos será más fácil denunciar o incumplir sentencias, o ( y es el riesgo grave) promover una gran campaña de resistencia civil al cumplimento de las leyes y resoluciones judiciales.

Frente a esta ingeniería social, debemos responder con claridad y firmeza, movidos exclusivamente por la búsqueda serena – pero decidida y enérgica – de la verdad, y su defensa encarnizada en todos los ámbitos de la vida. Debemos glosar el primado de la Ley justa frente al veredicto de algarada; la superioridad de la Institución procesal y del Magistrado designado por vocación, mérito y capacidad frente a la cruel opinión de la turbamulta engañada.

Debemos exigir al Estado en su totalidad, y a cada una de sus instituciones en particular que no compadree, pacte ni se compinche con los que persiguen el caos. Y demandar su responsabilidad a quien así lo haga: profesores, maestros, rectores, policías, bomberos, periodistas o políticos. Tras el caos, no hay nada.

Vayan estas líneas a agradecer a Jueces y Magistrados su labor en la defensa del orden constitucional y social, que es garantía de mi libertad, y a azuzar a quien las lea a defender la Ley y la División de Poderes, desde la humilde soberbia de quien tiene tras de sí dos mil quinientos años de ciencia jurídica y ha de vencer a quien acomete con mucho resentimiento, con poca verdad, y con nula sinceridad intelectual.

Parafraseando a Burke, la única batalla que se pierde, es la que no se da.

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