Etiquetas

, , , ,

Ese Estado trascendente del que hablaba ayer no es un fin en sí mismo, sino que está al servicio del Hombre, que le trasciende, porque es previo al Estado, y al servicio de esa herencia que se disfruta y debe acrecentar para entregar al que viene después. Supone entender al Estado de modo absolutamente diverso, pues ni se nos aparece como un mal necesario, ni como algo superior al Hombre, ni – es lo más importante – opuesto a él, pues sirve a la finalidad trascendente del propio Hombre.

El Estado trascendente debe ser fuerte porque sus enemigos lo son; debe ser especializado, de fácil adaptación, profesionalizado pero no mercenario. El Estado trascendente es un Estado que tiene consciencia de sí mismo, y tiene moral, porque distingue el Bien y el Mal.

Y por eso mismo el Estado trascendente sabe que el Hombre y la Familia, en cuanto que previos y por ello superiores a él, no son objeto de su acción. El Estado trascendente no precisa proclamar como libertades la religiosa, la ideológica o la educativa porque en sí mismo no contempla ni siquiera de lejos la posibilidad de entrometerse en esos ámbitos de la vida humana. Sólo proclama derechos quien en su mente ya diseña la violación de los mismos.

El Estado trascendente no puede estar sometido al dictado de una clase, de una minoría, de una parte, de un grupo o de un partido porque está al servicio, repito, de algo que trasciende, y respecto de lo cual la clase, la minoría, la parte, el grupo o el partido, sólo tienen una visión sesgada, parcial y las más de las veces egoísta.

El Estado trascendente ha de tener medios adecuados para el cumplimiento de sus fines y sobre todo una capacidad de acción que le permita autonomía frente a los poderes económicos y sociales. El Estado ha de detentar hoy, más que nunca, todo el poder político, pues si el poder político se deshace en cientos de micropoderes, el poder político se debilita y será consumido por eso que denominados poderes económicos, sociales o mediáticos.

Los poderes mediáticos están al servicio del grupo o el partido, los poderes sociales al servicio de clases o minorías y los poderes económicos, por su propia naturaleza, al servicio de los propietarios últimos de la acción mayoritaria. Sólo ese Estado trascendente dotado de poder político, estaría al servicio del Bien Común y sabría encontrar aliados y compañeros de viaje en esa enorme tarea.

El Estado actual está en camino de convertirse en un enemigo del Hombre – si no lo es ya – pero igual que no renunciamos al Hombre, no podemos renunciar al Estado. E igual que demandamos al Hombre que trascienda, hemos de exigir la construcción de un Estado trascendente. Ésa debe ser la nueva transición, no la que nos lleve a la destrucción definitiva del Estado.

El Estado, entendido como un conjunto organizado de órganos y unidades administrativas, sujeto al principio de legalidad, que sirve a los intereses generales, se ha convertido un aparato burocratizado al servicio de los intereses de la parte. Ya hemos aclarado que por parte entendemos el grupo, facción, minoría o mayoría minoritaria, partido o clase.

Y ello porque el principal problema que la Ciencia Jurídica no ha sabido resolver es el de la imbricación de ese Estado entendido como Administración Pública, en la tríada de Poderes estatales, reflejo del atributo soberano: esto es, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Así, se nos ha dicho que la Administración no es el brazo ejecutivo del Gobierno sino que goza de autonomía, como si se tratase de un ser con vida propia, lo cual resulta difícilmente asumible en términos teóricos desde el momento en que el articulo 97 de la Constitución atribuye al Gobierno, esto es, al poder ejecutivo, la dirección de la Administración civil y militar. Pero si es difícil en términos teóricos, aún lo es más en la práctica. En España, hemos visto y seguimos viendo aparatos administrativos complejos que se sujetan por entero a la decisión del gobierno autonómico correspondiente incluso hasta el punto de aparecérsenos puntualmente como eventuales estructuras de Estado ajenas al mismo Estado nacional español. Hemos visto cómo mueren compatriotas nuestros porque las Comunidades Autónomas son incapaces, por un macabro juego de orgullos e inepcias competenciales, de solicitar de la Administración vecina y contigua, el apoyo de sus servicios de protección civil o contraincendios.

Aun hoy en Cataluña vemos cómo el íntegro aparato administrativo autonómico aparece al servicio de las pretensiones secesionistas de un partido o, peor aún, de un sujeto que se considera investido del don de profetizar: organismos de encuestas, medios públicos de radio y televisión, campañas institucionales de las diversas consejerías al servicio de la ruptura de la misma Nación que se dotó de una Constitución que es la norma que atribuye de poder al aparato administrativo que la ataca, contraviene, y pretende su derogación total o parcial.

20121012-231045.jpgEste proceso de autodestrucción del Estado ha sido detectado, como siempre, de forma intuitiva por el español de a pie, que manifiesta un desapego, y falta de adhesión al sistema. Sin embargo, ese rechazo a un modelo que se ha manifestado como antieconómico, antijurídico y, en fin, antihistórico, ha tenido por ahora dos manifestaciones:

Por un lado, el auge del populismo, de origen y expresión, de táctica y estrategia revolucionaria, de corte marxista, algo anarquizante; un populismo que frente a un Estado que se ha manifestado incapaz de acometer los verdaderos problemas de la Nación, nos da como receta la supresión del Estado, la ruptura histórica de la comunión Estado-Nación. Se rechaza el Estado. Se niega la Nación, para en último término crear un aparato totalitario que represente a las clases dirigentes de ese movimiento populista.

Por otro lado, el crecimiento constante de un movimiento ciudadano, de origen y expresión, de táctica y estrategia netamente liberales, que propugna un Estado sin alma, sin historia, sin memoria, sin tradición, un Estado de ciudadanos y contribuyentes, que pretende en fin fortalecer el elemento genuinamente liberal y originario del modelo.

Ninguno de estos dos movimientos, que nacen de forma legítima y con los que gran parte de la población coincide en el análisis, afronta el envite auténtico: primero, que el Hombre es más que un mero agregado de células o de derechos más o menos adecuadamente enumerados; y segundo, que el Hombre es un sujeto histórico, un sujeto-en-la-historia; de modo que el Estado ha de coadyuvar a que ese hombre sea leal a sí mismo, se dignifique y alcance su trascendental meta; si el hombre es un ser-en-proyecto; el Estado debe ser igualmente un sujeto al servicio del proyecto.

Anuncios