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Ciertamente, el tema del mes, y ya veremos cuánto dura en el marasmo periodístico, es el de la corrupción política, o corrupción de los partidos. Los asuntos de corrupción, las noticias, las tramas, los procedimientos judiciales se agolpan uno encima del otro, se interrelacionan y comunican como las estribaciones finales de un delta. Caso Bárcenas, Caso ITV, familia Pujol, Gurtel, ERE’s de Andalucía,…La prensa bulle, los tertulianos de partido se inquietan al verse obligados a desdecirse de sus categóricas afirmaciones de hace uno o dos meses.

Ruedas de prensa, comisiones de investigación, anuncios de querellas y demandas civiles, imputaciones reales, posibles, probables.

No voy a entrar, al menos hoy, en el análisis de ninguno de estos casos. Mi opinión personal la tengo, pero como toda opinión, debe conformarse con la información, con el paso del tiempo y la meditación. De esto, por ahora, poco.

Sin embargo, llama la atención que muy pocas voces se alzan denunciando que en realidad todo ello es posible como consecuencia de la vertebración de nuestro sistema político, de nuestro sistema de representación. Los partidos políticos han asestado – amparados en la Constitución en ocasiones, forzándola en otras, incumpliéndola a veces – un golpe letal al principio democrático.

En realidad, la soberanía nacional – que no popular – es rea de los partidos. Los partidos políticos acumulan en España un poder prácticamente total. No sólo copan las dos Cámaras legislativas, Congreso y Senado, y las 17 Asambleas autonómicas, sino que controlan directamente todas las entidades locales, e indirectamente los colegios profesionales, las Universidades públicas, las cámaras de comercio, los consorcios, las sociedades y fundaciones públicas, la prensa pública, los organismos reguladores de los sectores económicos estratégicos, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, la Fiscalía General del Estado. Son sólo ejemplos. Directamente por mandato constitucional o indirectamente por vía de Leyes Orgánicas y ordinarias de desarrollo, o incluso por la vía de Estatutos orgánicos, la práctica totalidad de los resortes del Estado – en sentido amplio – y de lo que otrora se denominaban cuerpos intermedios, se hallan bajo el control de los partidos.

Se reitera por los voceros oficialistas que la cuestión es de orden moral y personal, que no se puede juzgar a todos bajo el mismos rasero, y demás. Se dice que hay que revisar la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Bien está. Pero ni es toda la verdad, ni es la parte más importante de la verdad.

La cuestión es que en el siglo XXI el nuevo Leviatán son los partidos. El Estado, en tanto que sujeto imparcial, objetivo, al servicio del interés general, conforme a la doctrina clásica en la que creo a pie juntillas, es reo de los partidos, un sujeto parcial, sectario, al servicio de sí mismo y de la detentación del poder. Resulta obvio que tal acumulación de poder trae consigo innumerables problemas. Uno de ellos, obviamente, el del control económico-financiero de sus ingresos y sus gastos, y la vinculación efectiva de los ingresos y los gastos a la satisfacción de las necesidades e intereses que les son propios.

También otros, incluso, más graves aún para la pervivencia del sujeto político, que es España.

(Publicado en www.dialogolibre.com el 6 de febrero de 2013)

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