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Siguiendo en la línea de resolver el problema esencial de la soberanía y la representación, que es simplemente el medio o formula que se emplea para manifestar el acto soberano, no puede obviarse otro de los grandes problemas de España: la atribución a los partidos del control directo de las instituciones.

Si la Constitución proclama la soberanía nacional y atribuye su titularidad al pueblo, y señala con precisión y claridad que son las Cortes Generales las que lo representan siguiendo el esquema clásico liberal, el desarrollo legislativo del asunto ha supuesto una autentica mutación constitucional por cuanto son los partidos los que directa o indirectamente ostentan en la práctica la totalidad del poder representativo.

Tribunal Constitucional, Supremo, Organismos reguladores de los mercados estratégicos, Fiscal General del Estado, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Delegados del Gobierno…son instituciones esenciales del Estado bajo el control férreo de las disciplinas del aparato. Los vocales, consejeros, magistrados, miembros de los mismos aparecen como voceros de las posiciones estratégicas adoptadas previamente en los gabinetes de los partidos.

Si a eso se suma que también están sujetos al reparto de cuotas los Consejos tributarios, sociedades de aguas, y en general los Consorcios, Fundaciones y sociedades publicas en general, resulta que los partidos ostentan el control real del Poder.

El Estado se halla en la practica secuestrado por entes privados de base asociativa que, además, se sostienen con el erario y cuya única razón de ser es la detentación del Poder.

El fundamento de este descalabro se halla, ésta vez sí, en la propia Constitución que les dedica un artículo especifico en la parte dogmática, el articulo 6, abriendo las puertas a la construcción de un sistema democrático que gira en torno al partido como pieza prácticamente exclusiva de la participación y el pluralismo político. Como si los ciudadanos no hiciésemos política levantándonos para trabajar, creando empresas, formando familias, organizándonos en asociaciones, dotando fundaciones.

El Gobierno no sólo se ve con una gigante mesa de negociación abierta en Berlín, Bruselas, París,…sino que mantiene también procesos negociadores con Comunidades Autónomas en el Consejo de política fiscal y financiera e incluso, majadería, en el ámbito bilateral, pero también ha de discutir en una tercera mesa con partidos políticos, algunos de ellos instalados en la voluntad de destruir la Nación. Es simplemente demencial, no ya desde la perspectiva jurídico-constitucional sino desde lo meramente organizativo o de gestión. Cuántas energías, cuántas horas de trabajo desperdiciadas!!!

En el proceso constituyente que necesariamente deberá abrirse parece indudable que los partidos deben ser, por decirlo dulcemente, reconducidos.

Personalmente, me da igual que la estructura interna de los mismos no sea democrática. Que cada uno se organice como pueda o le venga en gana.

Lo relevante es que ninguna institución del Estado en sentido total puede estar bajo el control directo o indirecto de los partidos. Bien estará que formen parte y contribuyan a su organización pero nada en el Estado ha de quedar bajo su control directo o indirecto exclusivo.

De otro modo, estamos ante una soberanía defraudada o de segundo grado, pues el pueblo solo será soberano en tanto que vota o deja de votar ya que ejercido el voto, o no, pierde las riendas del ejercicio del Poder. Y uno u otro español serán tanto más soberanos cuanto más voten o cuanto más voten a partidos de gobierno lo cual -hasta siguiendo la tesis clásica- resulta una atrocidad.

Ni siquiera las Cortes o los Ayuntamientos han de estar bajo su directo y exclusivo control. La Constitución no les atribuye la exclusividad de la participación política. Como experimento ha fallado. Toca ahora rectificar.

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