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Mi buen amigo Peter, liberal empedernido aunque en vías de redención como gran parte de los españoles, crítico con el blog, lo cual agradezco, me dice que la anterior entrada, como muchas otras, resulta de dificil comprensión. No será para él seguro, que es hombre de letras y bien formado en colegio de curas, como la práctica mayoría de los liberales que no aprehendieron lo que allí se les decía. Bueno, lo dicho, procede aplanar el camino.

El sentido profundo de la anterior entrada sobre el Gobierno soberano radica en recuperar una línea doctrinal abierta a inicios de siglo en Alemania, que se opuso frontalmente al concepto académico – liberal burgués – de soberanía, que es propiamente el que impera en la actualidad. Según la tesis que podemos llamar clásica la soberanía reside en la potestad o poder de dictar leyes, ejecutarlas y juzgar su cumplimiento, dando lugar a la no menos conocida distinción de los tres grandes poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. La soberanía así es única e indivisible, pero se expresa a través de tres grandes poderes jurídico-constitucionales que, para evitar excesos de la Monarquía absoluta ( dicho poder en su totalidad radicaba en el Rey, por derecho divino según Bodino, a quien se atribuye la tesis), se contraponen o contrapesan en la búsqueda de un perfecto equilibrio. Ésta es la tesis imperante. Soberano es quien dicta leyes, las ejecuta y juzga su cumplimiento.

Bajo ese prisma, la construcción autonómica aparece como un engendro contradictorio pues no se trató meramente de descentralizar administrativamente la organización del Estado como se nos ha querido vender desde los mass media y desde las cátedras universitarias – centralizar o descentralizar entra en el ámbito de la mera gestión de cualquier organización que debe enjuiciarse por la eficacia y eficiencia para la consecución de objetivos – sino que produjo el efecto pernicioso de desmembrar o desarticular el Poder, que si bien nominalmente se atribuía al pueblo español en su conjunto representado por las Cortes Generales, se diluyó en unas Autonomías a quienes se atribuye potestad legislativa y ejecutiva. La errónea articulación del sistema competencial del llamado Título VIII y la vergonzante actuación del Tribunal Constitucional que a través de numerosas sentencias ha consagrado un modelo de distorsión del principio de soberanía, han conformado a España como una nación sin Estado, una nación sin poder soberano. En España el Gobierno de la Nación, que es gobierno de todos, no se nos aparece como libre para la toma de decisiones. Si esto concluimos, no podemos sino afirmar que España necesita no tanto una nueva Constitución – que quizás también en la letra – sino que el Gobierno y las Cortes ejerzan de facto como poderes soberanos.

El problema de la soberanía en España no se resuelve con el Título VIII como se ha dicho en las cátedras y lo siguen escribiendo profesores a sueldo en los distintos periódicos. El problema de la soberanía se resuelve con los dos primeros apartados del artículo 1 que afirman con rotundidad que “la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”y que “España”, como sujeto político e histórico preexistente a la misma Constitución, “se constituye” ( a sí misma, en genial acto de soberanía) en una determinada forma de Estado.

El Gobierno debe (y por eso puede) ejercer como soberano auténtico y único, tomando decisiones y arrostrando las consecuencias, en beneficio de España, a la que debe servir en su totalidad, y no en beneficio de una clase, una casta, o un mero sistema de estructuras políticas. Debe y por eso puede. Éste es el orden que debe cambiarse, porque en eso radica la soberanía. Los leguleyos, profesores universitarios y voceros varios del sistema fracasado dicen que no debe porque no puede. Eso supone condicionar, coartar, o limitar el acto soberano, lo cual no es admisible.

En una situación como la actual donde el pueblo mismo, España, con su historia, su pasado, su presente y su futuro perciben colectivamente hallarse en un momento decisivo del devenir, el Gobierno debe, incluso si fuere preciso prescindiendo de las legalidades preestablecidas, tomar cuantas decisiones sean precisas para la defensa del pueblo español. Plegarse a las exigencias de instituciones internacionalistas que no sirven al pueblo, o a las condiciones de los reyezuelos de las taifas es una irresponsabilidad y una traición.

Hacer recaer en los funcionarios, pequeños empresarios, profesionales liberales, jubilados, padres de familia, y en general la totalidad de los consumidores el peso de la reducción del gasto pudiendo cercenar de un golpe la losa del gasto que nos aplasta resulta no sólo irritante sino esencialmente injusto. Es preciso volver a un momento previo, de naturaleza y eficacia constituyente. Y desde ahí reconstruirnos.

Que lo haga este Gobierno o lo harán otros por él.

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