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Muchas son las páginas escritas en la doctrina política y constitucional acerca del concepto de soberanía. De su origen, fundamento, realidad, consecuencias. Tiempos como el presente, revueltos, traen al proceso intelectual un elemento que la bonanza y el aburguesamiento nos ocultan: la claridad y sencillez cartesianas.

No voy aquí a loar la duda como método, al contrario. El único método es el Amor y la búsqueda incesante y ansiosa de la Verdad. Pero sí se hace preciso advertir que la Idea o el Concepto deben ser aprehendidos, vistos, ganados con claridad para la razón.

Los tiempos de disolución, revolucionarios como los que vivimos. dan luz así a las cosas que en la tranquilidad del todo-va-bien quedan soterradas por una maraña de intereses y deseos, muchas veces espúreos.

Se nos aparece hoy la soberanía de forma indiscutible como la capacidad de decidir en último término, como la última instancia del poder político, como la posibilidad realizada de tomar decisiones. Soberano es, pues, quien puede dictar, modificar, reformar o derogar. Soberano es quien decide.

Los españoles vemos como nuestro Gobierno Central, que se dice de la Nación, no parece ser titular ni de un minúsculo porcentaje de soberanía. Se nos ha dicho que la soberanía nacional reside en el pueblo español, y que del mismo, y no de otro sujeto, emanan los poderes del Estado. Sin embargo, pareciera que ello no es ya sino una licencia académica o un recordatorio histórico.

Se supone que el Gobierno de la Nación y las Cortes Generales, en tanto que poderes del Estado, ejercen por sí la soberanía que les ha sido entregada, delegada por los españoles. Dejemos de lado si esta teoría es válida genéricamente o responde a sofismas o presupuestos inválidos. Vayamos a la práctica.

Sin embargo, es lo cierto que el Gobierno se muestra incapaz de tomar decisiones que respondan a las exigencias de los tiempos y de la justicia.

Presionado por eso que llamamos mercado, y que es una masa informe de instituciones internacionales y poderes económicos, España como Nación se desangra porque el Estado que ha creado para su salvaguarda es reo de sus decisiones previas: la entrada en la Unión y la creación de Autonomías.

Por encima y por debajo, el Estado creado para defender la soberanía nacional, a quien atribuimos la facultad de decidir en último término, es incapaz jurídicamente de tomarlas porque desde la Unión Germánica y el Banco Teutón Europeo se le imponen condiciones, y desde las Autonosuyas se escucha un griterío insoportable e irritante que reclama la preservación de privilegios.

Es hora de recordar que la soberanía no admite condiciones externas y que la soberanía exige, casi presupone, la abolición del privilegio, por lo menos de aquél que no ha sido ganado en combate honroso.

Estamos viviendo el combate horroroso entre la disolución segregacionista y la imposición internacionalista. Y sólo saldremos bien parados si el Estado se pone al servicio de la Nación, y el Gobierno al servicio del Estado. Con un solo golpe se vencerán dos enemigos.

No es justo que el Estado sirva a poderes extranjeros (por lo demás, desconocidos, anónimos) ni lo es que el Todo se someta a la Parte.

Debe procederse por el Gobierno a activar todos los mecanismos del auténtico soberano, España, titular del poder, para disolver el ataque. La intervención de las autonomías debe ir acompañada de la disolución de los miniparlamentos y gobiernos regionales. De la mano del Derecho, que no es sólo la norma positiva escrita, sino la Justicia. Si necesario fuere con decisiones propias de un poder constituyente. Ya llegará la hora de acudir al pueblo para que ratifique esa decisión.

Debe asegurarse la igualdad de todo el empleo público y acabar con los cuerpos autonómicos y municipales que a veces multiplican el sueldo de los funcionarios que sirven a la Administracion Central. Deben suprimiese de un solo golpe todas las instituciones autonómicas y locales que directa o indirectamente confronten con instituciones del Estado: defensores del pueblo, embajadas, delegaciones, tribunales de cuentas, pseudo-tribunales-constitucionales, comisiones jurídicas asesoras,…sin miedo, golpe del Gobierno soberano que toma las riendas de la Historia.

Todo lo que no sea eso, será llevarnos al matadero.

Tengo para mí, por lo que se, y por lo que supongo, que en ninguna de esas instituciones hay funcionarios que vencieron el sueño y la fatiga luchando por acceder a la función pública, sino solo enchufados, paniaguados, y especialistas del trinque al servicio de los partidos, el otro gran cáncer de nuestro sistema dado el poder que se les ha entregado sin fundamento constitucional. No debe temer nada el Gobierno, que así serviría a la Nación, y el pueblo lo aclamaría.

En cambio, sí ha de temer si golpea al débil, al jubilado esforzado, al funcionario competente y vocacional, al consumidor agotado por la deuda y su esfuerzo diario, al empresario que sufre al conciliar el sueño. Eso es atacar a la Nación.

Así se es un Gobierno soberano. Sobreponerse si fuere preciso a la legalidad y con el tono solemne de la excepcionalidad y de los tiempos heroicos, decirle al pueblo español que esta con él, que sufre con él, que nunca más se pondrá al servicio de los que la disgregan y de los que quieren conquistarla con intereses de la deuda y ajustes salariales. Así podremos decir sin ruborizarnos que España es garantía de nuestra libertad individual.

Ayer, un cliente al que prepare un escrito dirigido al Registro de Turismo de Cataluña, perdió una mañana de oficina en oficina. En el Registro (órgano al que se dirigía el escrito y competente para la inscripción) le dirigieron a la Oficina de Gestion empresarial de la Generalitat de Cataluña diciéndole que este órgano centralizaba todo. Acudió. Allí le dijeron sin embargo que desde finales 2011 era el Ayuntamiento. Ni siquiera le recogieron los escritos. Hubo de ir al Ayuntamiento donde le pusieron el sello de entrada. Sacrosanto sello de entrada en esta barbarie autonómica. Lo curioso es que el escrito irá del Ayuntamiento a la OGE y de ahí al Registro de Turismo.

Ésta es la España autonómica y rota, pobre y desmoralizada. Y lo peor no es el cabreo o la pérdida de dinero, lo peor es la dignidad del ciudadano, pisoteada por una estructura a la que sirven compatriotas sin vocación y sin formación que luego, eso sí, salen a la calle a manifestarse por el mantenimiento de sus privilegios autonomistas y localistas porque eso, antes, en la España soberana, lo hacía un solo funcionario y por mucho menos dinero.

Un abrazo a todos.

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