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Leo con atención mientras apuro el primer café de la tarde el Auto dictado esta misma mañana por la Sala de lo Contencioso del TSJ de Cataluña, en Pleno, a propósito de la correcta ejecución por la Generalidad de Cataluña del fallo de la sentencia del Tribunal Supremo que estimó recurso de unos padres reconociendo su derecho a la escolarización en castellano. Mientras, abierta la red social, aúllan unos y otros, contra el citado Auto que, mayoritariamente, se interpreta como una victoria de la Administración en su sostenella y no enmendalla a propósito del llamado modelo inmersión lingüística.

Si uno lee el Auto con pausa y atención advierte que la Sala de Cataluña se enfrenta a un dilema que se le muestra como irresoluble. Si ejecuta el tenor literal del fallo como es de ley, ¿debe obligar a la Generalidad a “adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza” “para que el castellano sea reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria”?

A la Sala se le hace muy cuesta arriba acordar una ejecución en tal sentido: primero, porque bien conoce que no tiene medios coercitivos para asegurar su cumplimiento; segundo, porque supondría tambalear el entero sistema de distribución competencial entre Estado y Comunidades Autónomas; tercero, porque parece advertir que una ejecución correcta del fallo pasaría por obligar al Gobierno regional a llevar al Parlament una modificación de la Ley de Educación de Cataluña.

Por eso la Sala opta por una solución arriesgada, heterodoxa y criticable: considera que en realidad cuando el Tribunal Supremo incluye en su fallo expresiones como las que he arriba transcrito se está refiriendo exclusivamente a los padres recurrentes, y no al total sistema educativo catalán, interpretando el fallo – cuyo tenor literal es claro – y reduciendo su impacto. No parece que sea la mejor solución técnica, pero sí política. Aunque es sabido que los Tribunales no deben hacer política. Además, la Sala de Cataluña viene a decir que todo se solucionaría si se hubiese aclarado la sentencia en su momento, trasladando la responsabilidad al Tribunal Supremo, a quien parece retar a que, de oficio, aclare su propio fallo cuando se entere del Auto para que sea el Alto Tribunal el que dilucide el dilema del tribunal inferior. Patada, a seguir, por supuesto. Lo peor, sin duda, el Voto Particular. Aunque sirve para entender la inmoralidad intrínseca del sistema de inmersión.

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