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Al parecer – me llega por twitter desde El Confidencial y El País – Rubalcaba llevará como propuesta del PSOE en las elecciones el vaciar las Diputaciones Provinciales de competencias trasladándolas a las Comunidades Autónomas, convirtiendo a las primeras en una especie de Asamblea de alcaldes. La propuesta, de ser cierta, y no tenemos por qué dudar, pues los españoles ostentamos el derecho constitucional a una información veraz, resulta un bochorno para el intelecto y un desasosiego para los que de veras amamos España con espíritu de perfección.

Partiendo del apriorismo de la necesidad de reducir la masa y el peso de las Administraciones Públicas – idea que hace unos años, quizás sólo meses, sólo defendíamos unos pocos y que ahora parece extenderse – la propuesta de Rubalcaba es la peor de las posibles, ya que la masa administrativa se mantiene pues si bien desconocemos en qué consistirá esa Asamblea de alcaldes, me da en la nariz que se convertirá en un medio de mantener las dietas y los asesores, que es de lo que se trata, de permitir fotos periódicamente, y de hacer un guiño al asamblearismo de los indignos, que es una forma de an-arquía postmoderna institucionalizada, vamos, socialismo en estado puro; y en cuanto al peso de lo público, se mantiene igual, sino crece, ya que la competencia se atribuye al mastodóntico, amorfo y desleal sistema autonómico.

La España constitucional de 1978 se caracteriza por un constante, continuado y concienzudo, sistemático diría yo, ataque a las Diputaciones Provinciales, por una doble razón, que es a su vez razón de muchos de los males que nos aquejan como nación: por un lado, la permanente voluntad de la izquierda de destruir cuantas instituciones históricas estaban arraigadas en España con la excusa de atribuirles implícitamente una supuesta connivencia y lealtad a la España de Franco; y por otro lado, la flojedad intelectual de la derecha que ha cedido de modo no menos constante a ese ímpetu destructor, bien por miedo a creer que defender la institución era defender al régimen franquista cayendo en la saducea trampa de los socialistas y nacionalistas, bien por una no explícita connivencia en los fines de la socialdemocracia que somete todo al principio de eficacia administrativa.

Es preciso recordar que las Diputaciones tienen su origen en la Constitución de Cádiz de 1812 si bien se nos muestran como instrumento vertebrador de la organización territorial del Estado, eficazmente, desde 1836, y que la Constitución Española las pone al mismo nivel institucional al menos que las Comunidades Autónomas en su artículo 137. Sólo las razones ya apuntadas más el ímpetu nacionalista las han arrumbado. Durante años los Gobiernos de uno y otro signo han ido reduciendo sus competencias y estima institucional en beneficio de las Comunidades Autónomas, a la vez que se mantenía la estructura pues Roma en este caso sí ha pagado la traición.

Frente a la propuesta de Rubalcaba y su maltrecho PSOE, es un deber salir en defensa de la Provincia y su Diputación por variados motivos que resumo, a saber: primero, su carácter histórico y su lealtad al proceso de vertebración territorial y modernización de España sólo cercenado precisamente por los ejecutores de nuestro actual Estado de las Autonomías; segundo, su mayor coherencia física y cultural, pues las Diputaciones son el resultado de un auténtico proceso democrático como el que representaron las Juntas nacionales en tiempos de nuestra pequeña revolución de 1812 frente a las Comunidades Autónomas, fruto de la tensión separatista y la arquitectura socialdemócrata; tercero, la probada ineficacia autonómica para la gestión administrativa y su no menos probada veleidad secesionista en algunos casos; cuarto, su más claro sentido administrativo, pues las Diputaciones tienen por finalidad servir al ciudadano llegando allí donde los municipios no alcanzan por las más variadas causas; frente a unas Autonomías que con su marcado carácter político, devoran competencias sin dar nada a cambio.

Precisamente, devolviendo a las Diputaciones competencias de las que han sido privadas podrían acometerse tres objetivos básicos que pueden convertirse en propuestas serias y elaboradas:

Primero, reducir el número de municipios y con ello el de alcaldes, concejales, edificios administrativos y ordenanzas, agrupando aquéllos que por su tamaño o capacidad económica son un lastre presupuestario para los propios vecinos sobre todo en las amplias zonas de montaña, sustituyendo la comarca por municipios de más amplio territorio y atribuyendo a las diputaciones una actuación asistencial conforme al principio de subsidiariedad.

Segundo, eliminar o reducir progresivamente el amplio elenco de entidades locales intermedias entre el municipio y la provincia – no protegidas constitucionalmente- reforzando a los municipios y dejando el resto de competencias en las provincias.

Tercero, trasladar de las Autonomías a las Diputaciones parte de lo transferido y que en la práctica o no se ejecuta o se está ejecutando con menos eficacia y mayor coste por el armatoste autonómico.

Es de ver que las Diputaciones ordinariamente no crean normas ni tributos sino se limitan a aplicar la ley estatal o en su caso la autonómica, con lo cual se reduciría la masa administrativa ( eliminando niveles y con toda seguridad competencias que ahora mismo son concurrentes o compartidas por hasta dos o tres administraciones) y su peso, ya que tanto municipios como autonomías, sobre todo éstas, son productoras compulsivas de normativa que ahoga la vida y libertad ciudadanas.

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