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La primera entrada del Diccionario de la Real Academia Española define al tirano como el que obtiene contra derecho el gobierno de un Estado, especialmente si lo rige sin justicia y a medida de su voluntad. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional en relación a la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Cataluña, entre sus innumerables sofismas afirma en su página 468 que “en el contexto del Estado democrático instaurado por la Constitución, es obvio que, como tenemos reiterado, caben cuantas ideas quieran defenderse sin recurrir a la infracción de los procedimientos instaurados por el Ordenamiento para la formación de la voluntad general expresada en las leyes (por todas, STC 48/2003, de 12 de marzo)”.
 
Con esa lapidaria y terrorífica afirmación el Tribunal Constitucional abre su incomprensible e inasumible argumentación acerca de que la inclusión de los términos nación, realidad nacional o símbolos nacionales en el nuevo Estatuto no tiene valor jurídico-constitucional pero sí debe tener un innegable contenido o valor histórico, político o cultural.
 
Llevo años ya señalando en las aulas que el Estado democrático no es ni puede ser, precisamente, lo que dice ahora el TC que es: la posibilidad de defender cualquier idea, por peregrina, injusta, inmoral, irreflexiva, agresiva con tal que se respete el procedimiento establecido legalmente. Con ello el TC ha alcanzado el grado máximo de positivismo jurídico, que es materialismo y determinismo. La norma queda desprovista de todo valor intrínseco o sustantivo. Las normas para el TC obligan, esto es, son auténtica norma, por tanto, cuando no infrinjan el procedimiento legalmente establecido para su aprobación, con independencia de su contenido. Prueba indiscutible es que la mayor parte de los preceptos declarados inconstitucionales, como denunciaba en anterior entrada, lo son en tanto que incluyen contenidos propios de leyes orgánicas especiales como la LOPJ, pero en modo alguno entra en discutir la entraña de la pretensión de los autores del texto. El TC dicta así una sentencia al margen de la realidad, desconociendo que el Derecho nace para regir conductas humanas, individuales y colectivas.
 
Llama la atención que el Tribunal recurra al concepto de voluntad general, propio de Rousseau. Con ello el TC se alinea con posiciones jurídicas, constitucionales, e ideológicas claras, viejas, feas, pobres. La verdad, la razón, lo bueno, lo bello, lo justo no existen en sí. Sólo existen en cuanto sea declarado por la voluntad general, entendida además ni siquiera como la voluntad de todos, sino como la voluntad de los que acuden al procedimiento.
Así, podrá obviarse la vida del niño en el seno materno, y al anciano doliente y molesto que repite siempre el mismo cuento de su infancia, podrá expropiarse la propiedad, y la libertad, y la vida misma, podrán subirse los impuestos hasta el mismo cielo, y prohibir los actos públicos de culto religioso, podrá ordenarse la retirada vergonzante de nuestros soldados de cualquier país, o sancionar a quien rotule en español en España. Todo da igual al Tribunal Constitucional mientras se cumpla el procedimiento.

 
 
 
 
 

 

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