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Han pasado ya cuarenta y ocho horas desde que se hizo público el fallo de la sentencia del Tribunal Constitucional resolviendo el recurso interpuesto contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ríos de tinta, cascadas de declaraciones, amagos de subversión del orden constitucional, y llamadas a la movilización en la calle.

Por suerte o por desgracia, créanselo, durante este tiempo he estado sumido en el tráfago de los quehaceres diarios y poco he leído al respecto de las reacciones  al mismo. En realidad, lo agradezco. Cada vez me produce mayor hastío el quilombo en que se ha convertido la vida pública nacional. El fallo, la sentencia, la puesta en escena del Tribunal Constitucional darán, seguro, para innumerables intervenciones: técnicas, políticas, filosóficas, partidistas. Se podrá analizar el fallo mismo, y luego – cuando tengan a bien publicarlos – los fundamentos de derecho, y más tarde, los votos particulares, que se anuncian jugosos.

Es imposible, o al menos a mí me resulta, recoger en trescientos o cuatrocientos caracteres, una opinión completa sobre la sentencia. No vale la descalificación falaz. Al menos a mí no.

En lo que a mí respecta, no eludo ni eludiré el envite. Sinceramente, mi primera reacción a la lectura del fallo fue de tristeza. La segunda, estupor. La tercera, un atropellado repicar en mi mente de citas políticas y literarias, de referencias a tal o cual autor, con las que adjetivar o glosar la sentencia, el fallo, y la actitud de los magistrados del Tribunal.

Pero por encima de todo, mi primera comprensión de la sentencia es – pasando por encima de lo dicho hasta ahora – que el TC ha consagrado definitivamente una interpretación determinada de la Constitución, del Estado, de la Nación y de España, que aborrezco como español, rechazo como jurista, y además, a mi entender, como ciudadano resulta  abiertamente contraria al sentido auténtico del constitucionalismo histórico.

El Tribunal Constitucional ha optado por el positivismo constitucional más extremo y por ello desfasado. De su fallo se desprende que para el máximo intérprete constitucional lo relevante de la Constitución no es ni su fundamento, ni su titular, ni su destinatario sino que lo importante son las estructuras de poder creadas por el texto.

Fíjense, amigos, en que de los 15 apartados o preceptos que el Tribunal declara nulos por inconstitucionales, expulsándolos de la realidad, 9 se refieren a preceptos que atentaban contra las competencias de instituciones u órganos constitucionales ( el Consejo de Garantías Estatutarias, el Síndic de Greuges, el Consejo de Justicia de Cataluña, que violentaban las competencias del propio Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y del Consejo General del Poder Judicial). Respecto del resto, exceptuando la declaración de inconstitucionalidad de la calificación de preferente del catalán respecto del castellano,  no se hace sino eliminar el empleo sistemático de un latiguillo colocado por el legislador estatutario de forma abusiva en la definición competencial.

Es mi primera lectura del texto. El TC trata de salvar la posición constitucional de las instituciones porque interpreta a la Constitución como un mero texto normativo vacío de contenido sustancial y que tiene por objeto simplemente la vertebración de un Estado. Me causa tristeza. El TC trata de salvarse a sí mismo, y al Defensor del Pueblo, o al gobierno de los Jueces. El TC ha mandado, efectivamente, a la orquesta que siga tocando para que los que viajan en preferente o club disfruten del viaje. Como si seguir con el festín evitara el hundimiento…

Olvidan, al parecer, que el fundamento de la Constitución es la indisoluble unidad de la Nación Española (artículo 2 de la Constitución), y el fundamento del orden político y social la dignidad de la persona y el respeto a sus derechos inviolables.

La muerte de Viriato

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