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Es sabido que la política fiscal en un país no responde exclusivamente a la necesidad de obtener ingresos a fin  de satisfacer el gasto público sino que es empleada por los Estados para alcanzar otros fines no fiscales, como – ejemplo clásico – la salud pública. Elevando la fiscalidad del tabaco o del alcohol no sólo se obtienen más ingresos sino que se coadyuva a la mejora de la salud ciudadana. Podremos discutir la conveniencia de la medida, pero es un hecho que la política fiscal sirve a otros fines que los meramente  recaudatorios.

Siguiendo el hilo de mis anteriores entradas, si vivimos y actuamos convencidos que una nación será tanto más fuerte cuanto más fuertes sean las familias, porque en ellas está la fortaleza de la persona, habremos de convencernos que un instrumento tan relevante como la política fiscal no puede ser extraño a tal objetivo.

En la actualidad, a igualdad de ingresos brutos y origen de la renta, no hay diferencias sustanciales en la tributación en el IRPF entre quien es padre de familia y quien no lo es. Ello no sólo es injusto sino que constituye un atentado al sentido común, y un ataque directo a la gran clase media española, esa clase media que se desangra y que debemos unir al gran proyecto de la revolución conservadora. 

Mi propuesta es my sencilla. Que la familia sea considerada como un obligado tributario de tal modo que el obligado al pago del Impuesto sobre la Renta sea la familia misma como sujeto fiscal pudiéndose así – como efecto más inmediato – deducir íntegramente gastos escolares, seguros contratados, gastos farmacéuticos o médicos, gastos por inversión en la educación de los hijos, y otros.

De este modo la familia podría ser tratada como una auténtica institución reconociendo además que en una sociedad moderna opera como un consumidor propio y distinto y que así debe ser tratado. La familia no es así un colectivo social más o menos identificado o identificable a quien haya de beneficiar con una o dos medidas inconexas como bonificaciones, deducciones o reducciones fiscales, sino que es la sociedad misma en su más primaria y perfecta forma de de autoorganización, y así debe ser tratada.

Resulta así grosero que una sociedad mercantil, o una comunidad de propietarios, o una UTE puedan beneficiarse fiscalmente de un modo de tributación que tiene en cuenta no sólo el ingreso sino también el gasto, y en una familia, el gasto no sea determinante en su tributación.

De este modo, podremos suprimir o pensar en suprimir las ayudas directas y universales del Estado que incrementan el gasto público, adocenan al beneficiario, y producen el efecto moral colectivo de considerar  la familia como un colectivo más de los que se ponen en la lista de espera de los paniaguados y la subvención.

E igualmente optaríamos por un sistema que premia el riesgo, la inversión, el gasto, el ahorro, en función de lo que resulte más adecuado. Además, así, se podría compensar en parte la situación de injusticia letal a la que se ve sometida la familia media española que sufraga dos y hasta tres veces determinados servicios de los que además no se beneficia, primero vía impuestos, segundo vía aportaciones privadas ( así en el ámbito de la educación, los servicios sanitarios o seguros sociales que además constituyen un capítulo considerable del coste familiar anual) y tercero, mediante la aportación consistente en no hacer finalmente uso del servicio que se abona permitiendo que el Estado pueda regalarlo de forma gratuita a quien no ha causado efectivo derecho al mismo.

Idea a desarrollar y profundizar: la familia, sujeto fiscal ya!!!

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